Juan José Velásquez Alarcón

En la literatura, Gabriel García Márquez fue muy acertado al colocarle a una de sus máximes obras el título de “Crónica de una muerte anunciada”. Ahora bien, lo difícil de este enunciado no consta de la pieza literaria, sino de la realidad que hay detrás de este. Así pues, la llegada de Iván Duque y de su partido al gobierno nacional ha representado una constante crisis en materia de implementación del Acuerdo de Paz, así como el regreso de la violencia a las zonas periféricas del país, en las cuales el Estado colombiano ha brillado por su ausencia. 

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A día de hoy, la situación ha sido tan grave con los desmovilizados, fruto del Acuerdo, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un estado de cosas inconstitucional (ECI en adelante). ¿Qué significa esto específicamente? Pues es una declaración que realiza la Corte cada vez que identifica que hay una masiva vulneración de derechos fundamentales y una completa inacción o falta de toma de medidas al respecto por parte del Estado, careciendo así el texto constitucional de efectividad y convirtiéndose en una norma meramente formal -es decir, que no sirve para prácticamente nada-. 

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La Corte ha tomado esta decisión a raíz de la masiva vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la paz y a la integridad de los excombatientes en regiones como Nariño, Cauca o Guaviare. Esto, se ha visto reflejado en la deficiente protección bridada por Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los constantes homicidios y feminicidios hacia este sector poblacional.  

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Por medio de este fallo, la Corte ha ordenado al gobierno nacional y a entidades específicas la toma de medidas ‘inmediatas’, o en el corto plazo, en aras de mejorar esta situación. Así mismo, cuando se presentan los ECI, la Corte hace un fuerte seguimiento a los procesos, así como lo ha hecho en anteriores situaciones, como en la T-025 de 2004 (ECI sobre el desplazamiento forzado) o en la T-388 de 2013 (ECI sobre las cárceles y establecimientos penitenciarios). 

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Es completamente escandalosa esta decisión frente a un gobierno que se ha hecho llamar “provida”, pero que tiene en sus manos la sangre de muchas víctimas del regreso de la violencia a los campos del país.